Exigen la no criminalización del aborto, la presencia de más mujeres en la política y que se imponga la responsabilidad penal a iglesias que asuman discursos discriminatorios.

Decenas de personas protestaron este miércoles en las inmediaciones del Palacio Nacional, en República Dominicana, en contra del proyecto de ley que modifica el Código Penal y que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados.

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La mayor demanda de los manifestantes fue la inclusión de las tres causales para despenalizar el aborto en circunstancias específicas: cuando la vida de la mujer esté en peligro, el embarazo sea producto de una violación o incesto y si el feto es inviable.

El abogado Cándido Simón subrayó que ese proyecto tiene alrededor de 15 artículos que establecen conceptos contrarios a la Constitución.

La activista dominicana Sergia Galván, quien lleva décadas exigiendo la despenalización del aborto, afirmó al inicio de la manifestación: “Nosotras seguimos en pie de lucha”.

La activista publicó a través de la red social X: “Contra la impunidad, que fortalezca la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, que no se criminalice la protesta y garante de derechos”.

Simón afirmó: “Entre otros, la protección del derecho a la protesta. Por ejemplo, esta protesta es una protesta pacífica. ¿Tú te imaginas que con ese Código llegue un juez o un fiscal y la Policía a arrestarnos, porque estamos protestando en el Palacio de la Presidencia?”.

Por otra parte, las dominicanas expresaron estar hartas de que no se cumpla con el compromiso y garantía de derecho a una vida digna que tienen las niñas y las mujeres.

A medida en que se han desarrollado estas protestas en defensa de derechos de las mujeres, un grupo de participantes también han reclamado que el Código incorpore la posibilidad de abrir procesos penales contra iglesias que discriminen a la comunidad LGBTIQ+.

Creyentes que también se han manifestado se oponen a ello. Recordaron que la Constitución del país solo reconoce la existencia de hombres y mujeres.

República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que criminalizan el aborto sin excepción. El Código Penal actual establece que la persona que aborte puede enfrentar hasta dos años de cárcel, en el caso de los médicos, parteras o enfermeras, la pena es de cinco a 20 años de prisión.

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